Para el oficialismo el radicalismo amedrenta jueces que fallaron para adelantar las elecciones

El oficialismo salió en bloque a repudiar la denuncia formulada por el legislador radical José Canelada en contra de dos jueces, quienes habían firmado un fallo que podría derivar en el adelantamiento de las elecciones provinciales.

El presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri, que está a cargo del Poder Ejecutivo (PE), manifestó que lo había “sorprendido” el planteo del jefe del bloque de la UCR, quien acusó de los presuntos delitos de prevaricato y cohecho a Juan Ricardo Acosta Horacio Ricardo Castellanos, de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. “Me llama poderosamente la atención que el legislador de Cambiemos haga tamañas acusaciones. Él es un hombre de derecho, es abogado, y sabe que las figuras penales que mencionó son calumniosas e injuriosas para un magistrado. Es una aberración que haya hecho algo así. Nada bien le hace al sistema democrático y republicano de gobierno”, aseveró Juri. Señaló luego que la causa en cuestión no fue iniciada por el Partido Justicialista (PJ), sino por los referentes del Frente Renovador Auténtico (FRA), Víctor Arias y Mariela Martín Domenichelli. “Hay que respetar las decisiones de los poderes del Estado y recurrir por las vías pertinentes. En nuestro espacio no se ha tomado nigua decisión a partir de la sentencia. Quizás alguien pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no se puede realizar tamaña acusación”, aseveró el dirigente peronista.

El legislador Guillermo Gassenbauer también cuestionó al jefe del bloque radical. “Quienes pregonan un supuesto cambio y el respeto a las instituciones son los primeros en no hacerlo. No se comprende que hable de ‘acuerdo entre jueces y funcionarios del Ejecutivo’, siendo que el planteo surgió de un espacio político diferente al oficialismo. Sus manifestaciones fueron al menos irrespetuosas”, indicó el ex vicepresidente 1° de la Legislatura. Y consideró “extraña” la postura de su colega de la UCR. “Cuando el espacio de Canelada interpuso (planteos) en el pasado y resultaron favorables, nada fue cuestionado; ni por ellos ni por el oficialismo, que respetó cada una de esas decisiones”. Además, consideró que el posible adelantamiento de los comicios “no beneficia a la fórmula Juan Manzur-Osvaldo Jaldo ni perjudica a los demás partidos”.

El legislador Marcelo Caponio, apoderado legal del PJ en Tucumán, agregó: “la hipocresía de los dirigentes radicales desnuda sus temores”. Afirmó que en Cambiemos “viven reclamando por la independencia judicial, pero no respetan ni acatan sus resoluciones”. “La única forma de ganar elecciones es por el voto de los ciudadanos, y en Tucumán lo único que consiguieron en la alianza Cambiemos son fracasos. Canelada debe dejar de intimidar a los jueces con denuncias sin sustento jurídico”, indicó Caponio.

La legisladora Stella Maris Córdoba, del partido “Proyecto Popular”, dejó en claro que está alineada a la fórmula Manzur-Jaldo. “Cambiemos ya decidió instalar en Tucumán la visión de fraude para las elecciones de 2019. Todas las acciones de sus dirigentes van en esa línea, marcada por (JaimeDuran Barba”, afirmó la ex aliada al Acuerdo para el Bicentenario. Y cargó contra dos referentes de la UCR. “Al conocerse el fallo que permitiría adelantar las elecciones, se lanzó la interna del radicalismo para ver quien hace denuncias ‘más fuertes’. Primero, José Cano salió a pedirle a la Justicia que no lo permita, reclamando el voto electrónico; y ahora el sector que lidera Silvia Elías de Pérez le redobla la apuesta con estas acusaciones”, aseveró la ex diputada. Y consideró finalmente que “se deben tener pruebas contundentes para acusar a dos camaristas de prevaricato y cohecho”.

El 28 de diciembre, Acosta y Castellanos dictaron una sentencia favorable al FRA, en la que se declaró inconstitucional uno de los artículos de la Carta Magna relativos a la fecha de los comicios (concretamente, el artículo 43 inciso 6; no se mencionó el artículo 100, de similar espíritu). Según Canelada, “no hay dudas de que existió un acuerdo previo de voluntades entre los diferentes actores políticos, jueces y funcionarios del Ejecutivo”.