Fariña renunció al Programa de Testigos Protegidos

El arrepentido Leonardo Fariña renunció al Programa de Protección de Testigos. Fariña planteó que no quiere ser «cuidado por el próximo gobierno»[i].  El Programa —que depende del Ministerio de Justicia— informó al Tribunal Oral Federal 4 que lleva el juicio de la Ruta del Dinero K de la decisión de Fariña y se levantó el dispositivo de seguridad que lo protegía. Tampoco utilizará, en adelante, la vivienda que le proporcionaba el Estado.

Fariña fue el primer arrepentido y figura clave en la causa llamada Ruta del dinero K.  El imputado colaborador, declaró a los medios que abandonó el programa de protección del Ministerio de Justicia por cuestiones personales, aunque admitió que influyó la polémica referida a un posible decreto para traspasarlo a la órbita de la Justicia. Aunque no lo manifieste, queda claro que no se siente seguro, custodiado por el nuevo gobierno,

Fariña, Báez y sus cuatro hijos, el también financista Federico Elaskar y Fabián Rossi, entre otros, ninguno Kirchner, son juzgados por presunto lavado de activos, en un juicio que entrará en la etapa de alegatos finales.  En la última audiencia prestó declaración indagatoria Lázaro Báez, quien cuestionó duramente a Fariña, y un día más tarde el arrepentido colaborador, además de calificar de nefastas las declaraciones de Baez, anunció su decisión de abandonar el Programa de Testigos e Imputados Protegidos.

Lo de Fariña se suma a una situación que todos observan como muy compleja para la justicia, que está siendo condicionada por el nuevo gobierno. Resulta muy probable que las numerosas causas que involucran a personajes del kirchnerismo ingresen en un ralentí que las haga dormir un sueño eterno.  No podemos olvidar que la electa Vicepresidente Cristina de Kirchner, está procesada en trece causas, tiene siete demandas de prisión preventiva y pedidos de desafuero, que sistemáticamente fueron rechazados por el cuerpo, que interpreta que solo se daría éste, en el caso de condena en firme. Bien sabemos que los juicios pueden durar muchos años hasta llegar a la última instancia de apelación.

Fariña debe tener bien fijado en su mente, el misterioso homicidio del fiscal Alberto Nissman, episodio aún sin dilucidar, pero que fuera asesinado a pocas horas de presentar una denuncia contra la entonces Presidenta, Cristina de Kirchner y cuando estaba todo previsto para exponer ante una comisión de Diputados en el Congreso.

Si a un fiscal de la Nación supuestamente custodiado celosamente, pudieron ultimarlo impunemente, ¿que podría esperar él, como simple testigo protegido?

Ojalá que los que pensamos que, con el nuevo gobierno, la justicia quedará atada de pies y manos para continuar los juicios contra la corrupción, nos equivoquemos. Es necesario que el poder judicial siga actuando con independencia de los otros poderes del Estado, como lo establece la Constitución Nacional. Y hacemos votos para que el gobierno de Alberto Fernández tenga la fortaleza institucional que le permita hacer oídos sordos de aquellas propuestas, cercanas a su entorno, que plantean anular la justicia de variadas formas.