Cronología del año 2020, el año de la pandemia (3)

A lo largo del año y bajo el capote de la pandemia fuimos develando los misterios de la invertida fórmula presidencial. Ahora ya no tenemos duda de que la jefatura política la ejerce Cristina, con mano muy dura y firme decisión, digna de mejores causas.

Alberto Fernández habló reiteradamente y se desdijo similar número de veces. Nunca desaprovechó un micrófono para efectuar declaraciones falsas y temerarias, olvidándose del clásico cuento de Pedro y el Lobo, si, el de aquel pastorcito que se divertía mintiendo a la gente del pueblo que venía el Lobo.Durante un tiempo él se reía de su broma, hasta que un día llegó efectivamente el lobo y nadie corrió a ayudarlo.

Alberto también está pagando su costo. Ha conseguido que su palabra esté hoy totalmente desvalorizada. Una encuesta reciente reveló que la mitad del país directamente “no le cree nada”. Entre ellos, hay muchos que votaron al Frente de Todos. Y también quedó bien demostrado que la alianza gubernamental siempre estuvo construida para resolver las necesidades de Cristina de salvarse de sus causas judiciales.

Aprovechando las penurias de la gente y las preocupaciones por la economía y la salud, el gobierno avanzó en sus intentos de colonizar a la justicia, envió un proyecto de reforma judicial; creó una comisión ad hoc para analizar el funcionamiento de la Corte y del Consejo de la Magistratura y proponer cambios. Puso en lugares clave, como la Procuración del Tesoro, a personajes muy polémicos, como el procesado Carlos Zannini, un incondicional de Cristina. El kirchnerismo presentó en agosto el juicio político contra el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, mientras Alberto propone al Juez Daniel Rafecas como su reemplazante, pero su designación está trabada. Entre tanto Cristina intenta cambiar las características del cargo, su duración y su designación a través de una ley.

Justificando la decisión en el posible contagio por el coronavirus, se liberaron de manera masiva a delincuentes peligrosos. Y también fueron beneficiados con prisión domiciliaria a procesados y condenados en causas por corrupción, entre ellos al ex Vicepresidente Amado Boudou. Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, pidió a la Justicia que el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y el empresario kirchnerista Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, ambos detenidos en el penal de Ezeiza, sean beneficiados con prisión domiciliaria. Días después del pedido, que fue rechazado por la Justicia, Alberto Fernández dijo que no había sido consultado sobre la decisión, pero que le pareció «absolutamente aceptable».

En la segunda semana de diciembre, en una segunda carta abierta continuación de la primera, Cristina atacó ferozmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Difícilmente encontremos en la historia del republicanismo mundial, un ataque tan brutal de un poder del Estado, en este caso representando ella al poder legislativo, a otro poder, la justicia, representada por la Suprema Corte. Y en cierta forma adelantó la idea de modificar la Carta Magna, al sostener en un tramo de su epístola, que a los jueces de la Corte no los elige nadie, agregando: “Tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y “piacere”, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos a control alguno” Es simple advertir que Cristina utiliza una falacia argumentativa para poner en marcha el “vamos por todo” y busca doblegar a la justicia, el tercer poder, cuando ya maneja a su antojo a los otros dos poderes del Estado.

Al decir de Mempo Giardinelli, un personaje que alumbra los decires de la Vicepresidenta y es bien escuchado por ella, el poder judicial debe desaparecer para transformarse en un servicio, que sirva a los otros dos poderes. Y además propone, una nueva Ley Suprema, no una simple reforma constitucional. Entrevistado por el Canal C5N, aclaró que la propuesta del grupo de intelectuales K al que pertenece no apunta a reformar la Constitución, sino crear «una nueva, de origen popular que surja de un referéndum donde el pueblo argentino se manifieste, se constituya en poder constituyente y elabore un nuevo pacto social».[i]

Esto es gravísimo, porque implica quedarnos sin república, el sistema de gobierno heredado de nuestros ancestros y que actualmente está vigente en la gran mayoría de las democracias del planeta.